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Tribunales.- El jueves comienza el juicio contra el alcalde de Orkoien, que se enfrenta a ocho años de inhabilitación


2009-01-11 11:52

El fiscal acusa a Casimiro Larrea de adjudicar dos viviendas de protección oficial omitiendo la legislación vigente

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

El próximo jueves, 15 de enero, comenzará en el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona el juicio contra el alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, por un presunto delito de prevariación en la adjudicación de viviendas de protección oficial. El fiscal pide una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Los hechos que se juzgarán el jueves, a partir de las 9.30 horas, tuvieron lugar en el año 2003. La sociedad Iturgain, presidida por el propio alcalde y encargada de la gestión urbanística de Orkoien, promovió la construcción de 216 viviendas de protección oficial.

Tras finalizar el proceso de adjudicación de esas VPO, dos viviendas quedaron vacantes, puesto que uno de los adjudicatarios había fallecido y otro no había logrado financiación para hacer frente al pago.

El fiscal sostiene en su escrito que algunos vecinos se enteraron de forma particular de estas vacantes y remitieron carta al Ayuntamiento solicitando la adjudicación de una de esas dos viviendas, aunque desde el Consistorio no se habían publicitado dichas vacantes para conocimiento general de los ciudadanos.

Según el fiscal, las dos personas que remitieron carta resultaron adjudicatarias de las viviendas, pese a que no habían participado en el proceso previo de adjudicación de las 216 VPO.

El Ministerio Público considera que esta concesión se realizó omitiendo no ya solo la legislación vigente, sino cualquier tipo de procedimiento administrativo al respecto que preservara los principios básicos de publicidad y concurrencia, con plena desigualdad para el resto de los ciudadanos que pudiesen estar interesados, no ya solo los participantes en el proceso de selección y que no fueron adjudicatarios, sino otros nuevos que pudieran concurrir en igualdad de condiciones a esas dos personas.

El fiscal añade que, queriendo dar una apariencia de legalidad a estos hechos, la Junta General de Iturgain acordó condicionar la entrega de esas dos vivienda a que se estudiase si los adjudicatarios cumplías los requisitos, sin que conste que se hiciese informe al respeto y en todo caso sin nueva Junta que examinase lo supuestamente informado y decidiese en consecuencia.

El Ministerio fiscal continúa su relato explicando que el 26 de enero de 2006 el alcalde, ante diversas preguntas de un concejal del grupo independiente, reconoció en el pleno del Ayuntamiento que las dos viviendas se habían adjudicado a dedo.

Ello motivó la actuación del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, que solicitó a Iturgain que le remitiese la documentación acreditativa del baremo aplicado, así como las solicitudes, documentos aportados por los solicitantes y puntuación dada a los adjudicatarios, entre otras.

Sin embargo, según señala el fiscal, dicha documentación no fue remitida alegando que había sido destruida con anterioridad por la entidad gestora de Iturgain, Aranade S.L..


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