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España y Euskadi defienden ante Luxemburgo las vacaciones fiscales


2011-03-10 12:52

Las tres diputaciones forales vascas, el Gobierno Vasco y el Abogado del Estado han comparecido en la vista, en el Tribunal de Luxemburgo, para explicar el largo conflicto de las vacaciones fiscales

España ha vuelto a defender hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) las ayudas otorgadas en Euskadi en la década de los 90 a nuevas empresas, las conocidas como vacaciones fiscales vascas, declaradas ilegales por la Comisión Europea y el Tribunal de Primera Instancia.

Las tres diputaciones forales vascas, avaladas por el Abogado del Estado y el Gobierno Vasco, han comparecido en una vista en la sede de la máxima instancia judicial europea para explicar los recursos que presentaron contra la sentencia de primera instancia del 9 de septiembre.

La patronal empresarial vasca Confebask no ha estado representada hoy en Luxemburgo por dificultades económicas, según ha comentado el diputado foral de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga al término de la vista.

Como partes afectadas han acudido también representantes de la Comisión Europea y de la comunidad autónoma de La Rioja, que promovió las denuncias contra los regímenes fiscales vascos y apoya en el proceso al Ejecutivo europeo.

Las diputaciones han solicitado la anulación de la resolución en primera instancia, así como la decisión por la cual el Ejecutivo de la UE declaró las facilidades tributarias ilegales y ha exigido la devolución de las ayudas por parte de los beneficiarios.

El representante legal de las diputaciones de Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y la CAV ha destacado los numerosos fallos de procedimiento en que incurrió la Comisión y ha subrayado que Bruselas no advirtió de que las ayudas podían ser ilegales tras su primer análisis, a partir de la denuncia de 1994.

El Abogado del Estado, que ha comparecido en representación del Reino de España, ha intervenido hoy por primera vez en el proceso ante la gravedad de la situación y la indefensión de las provincias vascas y ha recalcado que el mismo tipo de regímenes fiscales se adoptaron en Navarra sin motivar acciones de la Comisión.

Ha incidido también en que el comportamiento del Ejecutivo de la UE fue irregular y constituyó un trato discriminatorio al exigir una recuperación de las ayudas que además es excesiva.

Ambos letrados insisten en que la duración del proceso de evaluación de la CE durante más de seis años y medio fue injustificada y en ningún caso debida a la falta de colaboración de las autoridades españolas o vascas

Los representantes de la Comunidad Europea, por su parte, han subrayado que no puede entenderse el silencio de la Comisión como una confirmación de la legalidad de las ayudas y han destacado la incapacidad de las diputaciones para aportar pruebas claras sobre el supuesto respaldo comunitario a los regímenes fiscales vascos.

Ante este argumento, los gobiernos provinciales han alegado que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de derecho al no aceptar pruebas documentales que probaban que Bruselas h

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