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El conflicto de las vacaciones fiscales, paso a paso


2011-03-09 16:45

Las Diputaciones vascas exponen su punto de vista sobre este largo contencioso ante el Tribunal de Luxemburgo, que no tomará una decisión definitiva hasta verano.

Las vacaciones fiscales vascas vuelven a ser noticia de portada. Este jueves se celebra en el Tribunal de Luxemburgo una vista oral sobre este polémico asunto: las tres Diputaciones Forales tratarán de hacer valer su punto de vista en torno a este largo contencioso, que afecta a más de 350 empresas, y que puede abocar a las administraciones al pago de una fuerte multa a la Comisión Europea.

En esta ocasión, no intentarán darle la vuelta a la sentencia que declaró ilegales los incentivos fiscales a empresas, otorgadas en la década de los 90. Lo que hoy se discute es la obligación de que las empresas beneficiadas en su día, tengan que devolver esas ayudas a las Haciendas forales.

El Tribunal europeo de primera instancia confirmó en septiembre de 2009 la ilegalidad de las denominadas vacaciones fiscales vascas, y ordenó su reintegro a las haciendas correspondientes.

Las vacaciones fiscales del año 1993 suponían la exención parcial de impuestos a empresas que cumplieran con una serie de condiciones: una inversión mínima a realizar y número de empleos concreto.

Éstas vacaciones fiscales se pusieron en marcha en 1993, con una fuerte crisis económica en Euskadi, y tenían por objeto ayudar a la economía vasca atrayendo inversiones nuevas.

El Gobierno de La Rioja interpuso un recurso, al entender que eran medidas discriminatorias; y aunque la justicia europea validó la capacidad de las Diputaciones Forales para crear impuestos diferentes a los de España, (en virtud de su soberanía fiscal) consideró esas vacaciones fiscales una ayuda de Estado encubierta y obliga a las Haciendas forales a recaudar lo que perdonaron entonces a esas empresas.

Oficialmente no hay una lista, pero extraoficialmente se habla de más de 350 empresas beneficiadas en su día, que, en total, deberían devolver más de 570 millones de euros.

¿Qué dicen las Diputaciones?

Las diputaciones señalan que, en su día, para la aplicación de esas vacaciones fiscales, consultaron a la Comisión Europea sobre la legalidad de las mismas, y que no hubo pega alguna. Y que, mucho más tarde, en 2000, otra Comisión Europea cambió de opinión.

La Diputación de Bizkaia asegura que tiene pruebas de lo que dice, pero que el Tribunal europeo de primera instancia no permitió que las aportara. En este punto acusa a ese tribunal de haber violado sus derechos procesales.

Y es precisamente éste el motivo del recurso que este jueves se escuchará en el Gribunal de Luxemburgo, el de máxima instancia de las instituciones europe

Más información:Eitb: El conflicto de las vacaciones fiscales, paso a paso

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